Dos años después de que se iniciara la instrucción, hoy en la Audiencia Nacional, del expediente sobre las bodegas García Carrión y Solís por presuntos delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental, la causa sigue abierta donde están previstas las declaraciones en las próximas semanas de cargos de la Junta de Castilla la Mancha, así como de los responsables de ambas firmas.

La investigación de este expediente se iniciaba ante las denuncias mutuas hechas entre los dos grupos bodegueros sobre el incumplimiento de las exigencias contempladas en la Denominación de Origen Valdepeñas sobre periodos de envejecimiento y etiquetado de los caldos, así como de los volúmenes de los mismos declarados para su comercialización ante el Consejo Regulador entre los años de 2017 a 2019.La instrucción detectó que, en ambos casos no coincidían los datos en relación con sus capacidades de almacenamiento y de envejecimiento con los comercializados.

Esta circunstancia ya había sido denunciada un año antes por la organización agraria Unión de Uniones desde donde también se acusa a las bodegas ante la ley de la Cadena de no pagar por la uva precios que contemplen los costes de producción