Finalizadas, por el momento, las movilizaciones masivas de las organizaciones agrarias en demanda de otra política agraria en el marco comunitario con una revisión en profundidad de la Política Agrícola Común, así como el desarrollo de las cuestiones pendientes en la política nacional, las organizaciones agrarias Asaja, Upa y Coag y el Ministerio de Agricultura negociarán un acuerdo en base a la propuesta de Atocha de medio centenar de medidas en materia de fiscalidad, flexibilidad y simplificación de la Política Agrícola Común, medio ambiente, Ley la Cadena, sanidad animal, ganadería extensiva, financiación, seguros agrarios, comercio exterior o incorporación de los jóvenes como respuesta a las demandas planteadas los últimos meses por el sector en sus movilizaciones.

En las organizaciones agrarias, los responsables de las mismas, Lorenzo Ramos de UPA, Miguel Padilla de Coag y Pedro Barato de Asaja, coinciden globalmente en una valoración positiva de las medidas propuestas por suponer un avance, si bien todos coinciden también en señalar la necesidad de profundizar y concretar otros muchos aspectos en las mismas, tanto en lo que se refiere a la aplicación de una PAC más flexible, más simple y menos burocratizada. Existe igualmente coincidencia en la necesidad de perfeccionar mecanismos muy importantes para apoyar la rentabilidad de las explotaciones, desde el Observatorio de la Cadena y la Ley, hasta los referidos al control de las importaciones agroalimentarias desde fuera de la UE para que cumplan las mismas exigencias que se piden a los productores nacionales.

En medios agrarios echan en falta soluciones al problema del lobo especialmente en la mitad norte de la península o respuestas sobre la doble tarifa eléctrica para el término de potencia en los riegos.

Del conjunto de las propuestas planteadas, algunas ya se hallan incluidas en el documento sobre la modificación del Plan Estratégico de la PAC y en otras propuestas anteriores, se analizarán esta semana por las organizaciones agrarias para su posterior debate con el departamento de Atocha. En unos casos, se trata de propuestas muy concretas, pero en otros muchos son simplemente propuestas de intenciones, de apertura de conversaciones, muchas de las cuales deberán negociarse igualmente con las Comunidades Autónomas o dependientes de Bruselas.

En relación con la política medioambiental en el contexto de la PAC, Agricultura propone una serie de medidas de simplificación y de flexibilidad en la aplicación de las denominadas Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales, las BCAM referidas a tareas de labranza, riesgos de erosión de los suelos, tanto en rastrojos como en leñosos, rotación de tierras de cultivo, porcentajes mínimos de superficies de elementos no productivos, eliminar controles y penalizaciones en materia de condicionalidad reforzada a explotaciones con menos de diez hectáreas. Esta política de una mayor flexibilidad se aplicará igualmente sobre los ecorregímenes y en los espacios de biodiversidad.

Agricultura propone eliminar la obligación de que los agricultores tomen fotos geo etiquetadas para demostrar cuál es el estado de los cultivos o de otros requisitos establecidos en las ayudas. Aplazada la aplicación voluntaria del Cuaderno Digital, plantea además apoyos y asesoramiento para enseñar su manejo a los agricultores de cara a su ejecución futura.

En relación con la ganadería se aplaza un año la obligatoriedad de la identificación electrónica de los bovinos, se prorroga un año la aplicación del Plan Sanitario Integral y se flexibiliza la ordenación de sector del bovino.

Para la agricultura se retrasa un año la obligatoriedad de disponer de un plan sobre nutrición de suelos. Tras un debate con las Comunidades Autónomas se plantea evitar una doble inspección sobre las explotaciones.

De cara al comercio exterior, el gobierno se compromete a luchar para aplicar en el marco comunitario la denominada cláusula espejo en las importaciones, así como crear un grupo de trabajo permanente para el seguimiento de las importaciones y de las exportaciones, con un de medios y de controles en fronteras desde terceros países con especial dedicación a los límites máximos de residuos.

Se plantea un reforzamiento de la Ley de la Cadena a través de la Agencia para la Información y el Control de la misma la Aica, hoy ya elevada de rango a Estatal, con más inspecciones, más publicidad de la multas y actualización de costes, aspectos claves a la hora de determinar los costes de producción.

En el seguro agrario se apoya un mayor desarrollo, garantizando los fondos para 2024 con el compromiso de analizara fenómenos como la siniestralidad extraordinaria, dando un trato preferente a los agricultores profesionales, a las explotaciones prioritarias y a los jóvenes con subvenciones hasta el 45% y el 50%. Agricultura promoverá acuerdos en esta dirección con las Comunidades Autónomas para aumentar esos niveles de apoya hasta más del 70% y con modulaciones de ayudas para los profesionales, los jóvenes y las explotaciones prioritarias.

En la política de fiscalidad se mantiene la misma en los impuestos especiales del gasóleo agrícola, en la reducción del 35%en la factura de carburantes y combustibles y del 15% en los fertilizantes; en el método de Estimación Objetiva del IRPF, en el rendimiento neto para el año 2023, la reducción general pasará del 5% al15%. Para todas las ayudas ligadas a los eco rregímenes en el actual periodo de vigencia de la PAC se mantiene una reducción de la base imponible de 1.100 Euros.

En la política de créditos, Agricultura apoyará al sector con otros 50 millones para garantizar operaciones de crédito de entre 100.000 y 200.000 euros hasta un importe de 500 millones, con especial dedicación a los jóvenes en negociaciones con los gobiernos regionales. En el caso del relevo generacional, Agricultura aportará otros 20 millones para subvenciones a los tipos de interés y otros siete para avales con el objetivo de facilitar créditos por un importe de otros 200 millones.

En la política de ayudas directas para el sector agrario que puede percibir una explotación, “ayudas de minimis”, las mismas pasarían de 20.000 a 25.000 euros

Finalmente, en materia de sanidad animal, Agricultura se compromete a mayores apoyos en planes como los destinados a combatir la tuberculosis, la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica o la apuesta de un foro para mejorar la cabaña extensiva.

Junto con las Comunidades Autónomas, Agricultura se compromete a un debate sobre el relevo generacional y para la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria.