El seguro agrario estableció este año un nuevo record en pagos por siniestralidad con la sequía como principal protagonista, pero también por otros fenómenos como pedriscos, heladas y finamente las lluvias torrenciales,. Las indemnizaciones de las compañías aseguradoras en el campo se elevan ya a más de 1.000 millones de euros. La patronal Agroseguro prevé que las mismas podían llegar a los 1.200 millones ante los últimos daños provocados por la danas frente a los 806 millones del ejercicio anterior. La sequía, especialmente en los cultivos herbáceos, supone unos 500 millones de euros.

Frente a esta cifra, las primas recaudadas por las empresas aseguradoras se elevaron a unos 860 millones de euros, por lo que entrará en juego el Consorcio de Compensación cuyos fondos mantienen una línea permanente de caída hasta menos de los 400 millones.

Con estos datos en la mano, empresas aseguradoras y sector coinciden en la necesidad de dar “una vuelta” a la política de seguros, debate que se podría iniciar en la cumbre del sector con presencia comunitaria convocada por Agricultura la próxima semana en Jerez de la Frontera. Sin embargo, el sector, Administración, aseguradoras y organizaciones agraria, se hallan todavía en el debate de cómo debería ser esa “vuelta” desde unos planteamientos técnicos y políticos. Desde las compañías, sin entrar en debates sobre el cambio climático, se apunta que, en la actualidad, fenómenos como los de la sequía, se repiten con mayor frecuencia que hace varias décadas, que los siniestros son cada vez más violentos y con una mayor extensión y que además no tienen periodos fijos para su desarrollo, por lo que hay que abordar el nuevo contexto. El sector entiende la preocupación de las entidades aseguradoras que ven minado su negocio, pero se estima que la salida no es encarecer las primas, aumentar las franquicias y reducir coberturas, lo que equivaldría a un seguro ficticio.

El seguro agrario ha sido y se mantiene como una de las apuestas más importantes de los diferentes gobiernos, con unos fondos en aumento hasta los actuales 357 millones aportados por Agricultura. A esta cifra se suman otros setenta de los gobiernos regionales para apoyar una política que, solo en la agricultura, supone asegurar más de seis millones de hectáreas, donde destacan los herbáceos que suponen el 50%, y de casi 400.000 pólizas. Sobre una producción final agraria de unos 63.000 millones de euros, las producciones aseguradas no llegan a los 20.000 millones. Con esos fondos, las subvenciones medias a las primas se sitúan en el entorno del 50%, si bien las mismas pueden llegar hasta el 70% en el caso de jóvenes profesionales.

  Al cabo de cuatro décadas de funcionamiento, la política del seguro se ha ido perfeccionando en un proceso de ajustes permanente para lograr su objetivo, que no es otro, que garantizar, a un coste aceptable, unos ingresos que permitan al menos seguir la actividad en la explotación ante un siniestro.

Hoy, ese proceso sigue abierto en diferentes frentes. Se mantiene el objetivo de generalizar el seguro en cultivos donde la respuesta actual es escasa, de realizar ajustes técnicos de la situación en territorios o colectivos de alta siniestralidad o para evitar el desarrollo de siembras y plantaciones en zonas donde no se dan las adecuadas condiciones climatológicas o de los suelos para ello .

Desde el sector se entiende que en una situación como la actual, para asegurar la viabilidad del seguro agrario a futuro, frente a las salidas fáciles de más primas, menos coberturas y más franquicias, se debe apostar también por una mayor universalización de las contrataciones con  incrementos de fondos extraordinarios y extra agrícolas para rebajar el coste de las primas. En caso contrario si se deja todo a la subida de las mismas como sucedió el pasado año, un ejemplo, con los herbáceos, podría suceder que muchos agricultores dejarían de cultivar las tierras con una mayor incidencia de siniestralidad, con lo que ello supondría un riesgo para el autoabastecimiento alimentario.