España recuperó el 26 de septiembre el estatus de país libre de viruela ovina y caprina, casi un año después de detectarse el primer caso. El último se confirmó el 17 de mayo del presente año en una explotación de Cuenca y, de acuerdo con la normativa, ha transcurrido el período sin casos que permite levantar la zona de restricción adicional establecida para controlar el brote. En consecuencia, se retoma la actividad ganadera normal en las cuatro provincias de Castilla–La Mancha que permanecían restringidas.

Desde que se detectara la viruela ovina y caprina se han confirmado un total de 30 focos de la enfermedad, que se han repartido por varias explotaciones de las comunidades autónomas de Andalucía y Castilla-La Mancha.

El Ministerio de Agricultura ha señalado que la gravedad de la enfermedad de la viruela ovina y caprina requiere que las autoridades competentes lleven a cabo el sacrificio obligatorio e inmediato de todos los animales presentes en las explotaciones en las que se detectan casos. Además, es necesario aplicar estrictas restricciones al movimiento de animales en amplias zonas alrededor de los focos declarados, restricciones que, en Castilla-La Mancha, se han prolongado durante meses, todo ello siguiendo los protocolos de la normativa comunitaria.

El coste derivado del pago de las indemnizaciones por el sacrificio de los animales a los ganaderos (4,1 millones de euros), limpieza y desinfección de explotaciones, analíticas de laboratorio y contratación de personal veterinario de refuerzo ha supuesto un desembolso de 8 millones de euros, de los que el Ministerio de Agricultura financia aproximadamente el 62% y el resto lo aportan las comunidades autónomas. A esta cifra se han añadido las ayudas a la reposición de ganado.