Agricultura defenderá en la presidencia en Bruselas una política agraria de equilibrios

Atocha pretende una coexistencia entre las estrategias verdes y mantener una actividad agraria elevada en volumen con soberanía alimentaria y rentabilidad

El Ministerio de Agricultura, durante el periodo de la presidencia de la Unión Europea que ostenta en este semestre el gobierno español, defenderá un equilibrio entre la Política Verde, condicionalidad reforzada, buenas prácticas medioambientales, eco esquemas, biodiversidad, Estrategia “De la Granja a la Mesa” por la que se contempla la reducción en 2030 en el uso de abonos en un 20% y de productos fito y zoosanitario en un 50%,más superficie de abandonos, nuevas reglas a corto plazo sobre bienestar animal, un 25% de tierras dedicadas a la producción ecológica… y la necesidad de una actividad agraria fuerte y competitiva capaz de ofrecer autoabastecimiento alimentario a la población con eficiencia y rentabilidad en un medio rural vivo. Esa política de equilibrio, junto con una apuesta por la innovación, el I+d para la actividad agrícola y ganadera, señalan en el departamento de Atocha, serán el santo y seña de la actuación en este semestre de la Administración española básicamente sobre tres ejes:

En este mes se hallan los debates sobre el reglamento para el uso sostenible de fertilizantes y de los productos zoo y fitosanitarios cuya aplicación puede provocar una reducción de los rendimientos tanto en la actividad agrícola como en la ganadera. Estudios independientes hechos desde la propia Comisión ya auguraban un descenso en la producción de más de un 20% con su ejecución. España apuesta en este periodo por su aplicación progresiva para que no se produzcan situaciones traumáticas para los productores y tampoco para los consumidores.

Durante el periodo de la presidencia española, Bruselas debe plantear las nuevas exigencias en materia de bienestar animal por las que los ganaderos en explotaciones intensivas, especialmente para la avicultura y el porcino deberán aumentar la superficie en la granja por unidad, lo que obligaría a reducir cabañas, aumentar costes fijos, con incremento de los precio, o apostar por ampliar instalaciones con el coste correspondiente y siempre que cuenten con las licencias correspondientes, cada día más difíciles de conseguir en el territorio rural.

Una tercer actuación e iniciativa importante de la Administración agraria española en su periodo de la presidencia, es tratar de impulsar la innovación y el desarrollo y muy concretamente las posibilidades de la evolución en la genética, tanto en relación con las plantas como en las cabañas ganaderas desde la perspectiva de nuevas enfermedades, plagas o sus niveles de resistencia a la propia sequía. En esta dirección, España tiene previsto que la reunión los ministros de Agricultura comunitarios a celebrar en octubre en Córdoba se dedique a analizar esta cuestión.

 España tiene además interés en analizar la situación de las denominaciones de calidad, IGP, DO, etc, mejorar o clarificar la denominación de cada una para que efectivamente cumplan con los objetivos que se pretenden con las mismas.

Al margen de estas acciones más concretas y basadas en el equilibrio, globalmente España pretende el impulso y la defensa de políticas que abogue por una seguridad alimentaria, que la población tenga el acceso a los bienes alimentarios a precios accesibles, pero, sobre todo, a que ello se logre fundamentalmente con una soberanía alimentaria o, lo que es lo mismo, en base a producciones propias y evitando en lo posible una fuerte dependencia exterior para evitar situaciones de crisis como la derivada de la invasión de Ucrania y la falta de aprovisionamiento de algunas materias primas.

En este sentido, Agricultura, en total acuerdo con las peticiones planteadas por las organizaciones agrarias, aboga por unos mecanismos de entrada en frontera donde, además de controles de las producciones en volumen, funcionen los mecanismos correspondientes para que los productos importados cumplan con las misma condiciones en la producción que las exigidas a los productores comunitarios. Es la llamada cláusula “espejo” que planteó y defendió España en Bruselas en los últimos años, frente a las importaciones, pero sobre cuya aplicación por parte de las autoridades comunitarias dominan las dudas. Los países del centro y norte de Europa por el desarrollo de esas importaciones impusieron sus planteamientos y la entrada de muchos productos como el tomate, frente a las producciones españolas, disfrutaron de una autopista, un coladero donde no se aplicaron esas exigencias en detrimento de los países productores del sur.