La elevada siniestralidad en el sector agrario en la actual campaña, especialmente por la sequía, con daños de unos 300 millones de euros, a los que se suman los provocados en las últimas fechas en muchas zonas por heladas, pedriscos e inundaciones, elevará este año las indemnizaciones a la cifra record de más de 900 millones de euros, según los datos estimados por el pool de entidades aseguradoras, Agroseguro. Esta situación preocupa a las entidades aseguradoras que ven ajustados sus márgenes de explotación, pero también a los asegurados ante el temor a que las salidas sean solo más franquicias, más primas y menos kilos a asegurar por hectárea y reclaman un debate a fondo del sistema y evitar que subsista un seguro pero sin clientela por falta de interés entre lo que se paga y sus coberturas.

En las últimas décadas, el seguro agrario ha constituido uno de los apoyos más importantes en la política agraria, objetivamente, con una mayor apuesta en fondos en los últimos años desde Agricultura y menos desde algunas comunidades autónomas, hasta situarse los mismos en este ejercicio 357 millones, sumados los 40 millones añadidos para hacer frente a los seguros por sequía. Esta cifra supone más del 50% sobre los fondos dispuestos entre 2016 y 2020. Con estos recursos, la subvención media a las primas supera el 40% y puede llegar hasta el 70% en el caso de agricultores profesionales y de jóvenes.

El seguro agrario supuso en 2022 el aseguramiento de 6,2 millones de hectárea, unos 450.000 animales y una capital bajo cobertura de más de 16.000 millones de euros sobre una producción final agraria de unos 53.000 millones y donde unos 35.000 corresponden solamente a la agricultura, con una cantidad de pólizas ligeramente a la baja hasta unas 400.000 al aumentar el volumen de las explotaciones y reducirse en el número de activos.

Desde 2013, el importe total de las primas ha pasado de 644 a 858 millones de euros con un incremento del 33%; el capital asegurado de 11.500 a 16.322 millones y un incremento del 41% y la siniestralidad de 500 a los más de 900 millones previstos para este ejercicio y donde a efectos de las cuentas de las entidades aseguradoras, jugarán un papel clave los fondos del reaseguro y del Consorcio

Desde los responsables de Agroseguro, ante esta situación, se advierte que desde 2011 no se han ido adaptando las primas a la siniestralidad derivada del cambio climático y que, si se mantiene esta tendencia, tendrían que articularse una de las dos opciones o ambas a la vez, subidas de primas y o mayores apoyos de las Administraciones.

Por su parte, desde las organizaciones agrarias, en esta coyuntura se considera que la única salida al problema no puede pasar, como se hizo en el pasado, por aumentar primas o reducir las coberturas subiendo las franquicias hasta el 30%, rebajar las posibilidades de aseguramiento por hectárea o penalizar más a los agricultores más con mayor siniestralidad por la ubicación de sus explotaciones, lo que daría lugar a un seguro muerto. El sector agrario apuesta por un análisis en profundidad del seguro, en lugar de poner parches solo para limitar su actividad.

En este contexto, entre otras salidas se contempla poner en marcha un seguro básico, “de capas”, con una cobertura mínima para garantizar al menos los costes de una explotación, al que se le podrían ir añadiendo otras coberturas complementarias. Se aboga por más estudios antes de proponer o adoptar decisiones. Con carácter general una medida clave para equilibrar el seguro se estima sería una mayor universalización de mismo para que entrasen cultivos que hoy tienen una presencia mínimo como olivar, los pastos o los invernaderos, frente a la gran presencia de otros como la fruta o los cereales con la sequía y el pedrisco como protagonistas.

El objetivo final es mantener un seguro con asegurados.