La Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL) ha pedido al Tribunal Supremo que anule la prohibición de las compras de leche a los productores por debajo de sus costes de producción, por considerar que es una obligación contraria a lo establecido en la normativa comunitaria sobre libre negociación de precios. La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha acudido al mismo tribunal para desmontar los argumentos de las industrias y en defensa de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Los industriales lácteos han presentado un recurso contencioso-administrativo en el que reclaman la nulidad del contenido del Real Decreto 347/2022 sobre contrataciones en el sector lácteo en lo que respecta a la obligación de que el precio pagado al ganadero no sea inferior a su coste efectivo de producción, en aplicación de la Ley de la Cadena, así como en lo relativo a la formalización, subrogación, renegociación y rescisión de contratos. Plantea además una cuestión de inconstitucional sobre ciertos apartados de la Ley de la Cadena Alimentaria.

UPA ha presentado un informe pericial ante el Tribunal Supremo ante el intento de las industrias lácteas “de torpedear la Ley de la Cadena Alimentaria”, una “Ley aprobada por mayoría en el Parlamento”, que recoge la prohibición de comprar cualquier alimento a un precio inferior a los costes del eslabón anterior. Según la organización, su informe “demuestra con hechos y cifras que la prohibición de las compras a pérdidas es un elemento ajustado a derecho que debe seguir plenamente en vigor, cumpliéndose y haciéndose cumplir por las autoridades responsables”. Habla de comportamiento “éticamente impresentable” de las industrias y lamenta que “quieran seguir imponiendo unilateralmente los precios sin tener en cuenta ni los costes de producción ni la situación del mercado, tal y como están volviendo a hacer con los contratos que se están renovando desde el pasado mes de abril”.