En su última reunión en Consejo, los ministros de Agricultura de un buen número de Estados miembros criticaron de nuevo la propuesta de Bruselas sobre el uso sostenible de fitosanitarios, cuyo objetivo es reducir en un 50% la utilización de pesticidas de aquí al año 2030. En esta ocasión subrayaron el riesgo de que la UE no pueda mantener “un estatuto fitosanitario adecuado”.

En un documento presentado por Letonia, que contó con el apoyo de Bulgaria, Hungría, Lituania, Polonia, Rumanía, la República Checa y Eslovaquia, estos países dan cuenta de sus preocupaciones y piden a la Comisión Europea que los objetivos de reducción de los productos fitosanitarios no interfieran con la capacidad de los Estados miembros para erradicar nuevos organismos perjudiciales y con la de los exportadores para cumplir con las exigencias del comercio internacional.

Varios ministros más apoyaron la iniciativa (Austria, Italia, Estonia, Portugal, Chipre,…). Solo Francia, España, los Países Bajos y Alemania no se sumaron al concierto de críticas a la Comisión Europea y se mostraron satisfechos con que las discusiones sobre el reglamento continúen en el seno del grupo del Consejo, a la espera de que Bruselas concluya la evaluación de impacto complementaria que le han pedido los 27.

La comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, precisó durante una audición en el Parlamento Europeo que no será un estudio de impacto sino “informaciones complementarias para apoyar el trabajo de los Estados miembros”. Al día siguiente, ante los ministros de Agricultura indicó que las preocupaciones de los Estados miembros sobre el estatuto sanitario de la UE se han tenido en cuenta en el proyecto de reglamento (en concreto, con opciones de derogaciones) y que este asunto podrá discutirse durante las negociaciones interinstitucionales “para avanzar en soluciones pragmáticas”.