Las organizaciones agrarias que han promovido recursos judiciales contra la nueva Política Agrícola Común prevén que los litigios sean largos y que se multipliquen las demandas contra su aplicación en España.

ASAJA-Sevilla y la Unión de Uniones, por distintos motivos, han presentado recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo contra los derechos de ayudas de la nueva PAC, vigente desde el 1 de enero, según varias resoluciones publicadas en los últimos días el Boletín Oficial del Estado. Estas resoluciones suponen una nueva fase en esos procedimientos judiciales contra la PAC que, según los implicados, serán largos.

El Ministerio de Agricultura ha emplazado a las personas o entidades interesadas en dichos recursos a que se personen, pero solo en el caso en el que estuvieran a favor de la norma impugnada o del Gobierno, para lo que tendrán un plazo de nueve días.

Podrán decidir presentarse solamente los que estén a favor del Estado y una vez cumplido ese plazo, se abrirá otro durante el que el Ministerio aportará el expediente administrativo.

Según fuentes de ASAJA-Sevilla, después, las organizaciones que han impugnado la norma de la PAC tendrán otro período de 20 días para fundamentar sus demandas y detallar en qué vulnera el Derecho nacional o comunitario.