El cobro de unos precios justos para los productos agrarios ha constituido una de las reivindicaciones históricas más repetidas y que dió lugar a las mayores movilizaciones del campo. Los precios justos estaban en el eje de un importante paquete de exigencias para los momentos de la transición en la guerra de la patata que se iniciaba en Rioja, en estas fechas del año, pero en 1977. Los mismos fueron los protagonistas en otras guerras históricas como la de la leche en la Cornisa en1966, con los mismos problema de excedentes y precios a la baja que los propuestos hoy por las industrias; en el Valle del Ebro con el pimiento en 1973, con el maíz en1976 en Aragón y en todas las marchas verdes, movilizaciones y tractoradas de las última décadas.

Si por precios justos se puede entender unos precios que cubran los costes de producción, sobre el papel, al día de hoy, tras la entrada en vigor de la Ley de la Cadena Alimentaria en 2014 y sus posteriores reformas en el Parlamento, se podría decir que lo de los precios justos sería teóricamente una reivindicación agotada. Sin Ley, sin sus controles y sus sanciones, el sector agrario sería la ley de la selva. Pero, a pesar de los avances que ha supuesto la misma y lo esfuerzos para su aplicación, en el campo no impera la ley de la selva, la Ley tiene todavía un importante desarrollo por recorrer, más informaciones que aportar, estar al día en revisiones de índices, de cadenas, de precios de cesión de la industria, precios de venta al público, resolver la vieja carencia de los precios de coste… como han reclamado en las recientemente las organizaciones agrarias Asaja, Upa y Coag para lograr la máxima efectividad de la misma.

 Hasta la fecha, no se puede negar que sus efectos han sido positivos, que es un instrumento muy importante en la política agraria para asegurar rentas, pero con muchos claro-oscuros en sectores importantes, muy especialmente en origen, donde siguen provocando tumbas con ofertas públicas de precios a la baja, como las presentadas en las últimas fechas por las industrias de la leche con una rebaja media del 10% que no responden a los costes de producción en medio del silencio oficial. Con esas propuestas de rebajas en la calle, el único beneficiado en potencia, solo sería el IPC, con el beneplácito de Economía y el permiso de la industria y de la distribución por la aportación generosa de los ganaderos a la contención de la cesta de la compra, mientras sufren los costes disparados de las materias primas, energía, plásticos, forrajes por la sequia y los cereales, aunque los mismos hayan dado una tregua con una caída y dolor de cabeza a los agricultores.

Tanto en la leche como en otros sectores importantes, sin dejar a un lado el papel de la Cadena como instrumento de control y de sanción, la realidad es que, en lo que afecta al sector agrario, el mayor protagonismo a la hora del funcionamiento de las cotizaciones viene marcado por los mercados, la evolución de las producciones propias y la de los productos importados, los efectos de las condiciones climatológica, por la evolución de la demanda en los hogares, el empleo y las posibilidades de compra, circunstancias a las que se sumarían las posiciones y los intereses de las industrias agroalimentarias y, a la postre, la batalla y las guerras de la gran distribución que es quien fija los precios.

Media docena de grandes grupos de la distribución controlan más del 50% de la cuota de mercado de los productos alimentarios que, al final utilizan en muchos casos como los principales reclamos para atraer al consumidor, con lo que conlleva para las industrias y para el campo como origen de la cadena. Por su parte, sucede algo similar en algunos sectores de la industria donde unos pocos grandes grupos controlan las compras y donde, por estar ahora más de actualidad, en la leche, cinco firmas suponen más del 50% de las compras. Esta situación se puede extender a otras producciones importantes como los cereales con el peso de los pocos grupos multinacionales que mandan en las bolsas o el aceite y el vino donde las cooperativas mandan en el volumen pero no a la hora de fijar los precios.

Frente a esta situación de los mercados, el peso de la industria y de la distribución, el sector agrario tiene afortunadamente hoy como principal aliada a la Ley de la Cadena que, sobre el papel le protege defendiendo esos precios que cubran sus costes. Pero, el agricultor y ganadero llevan también encima una mochila que marca su debilidad y que no se la puede quitar ni con esa Ley. Ahí está su fuerte dependencia. En unos casos de las condiciones climatológicas que pueden ofrecer unas producciones muy variables desde el volumen a la calidad, modificación de los periodos de recolección, especialmente en frutas y hortalizas; la debilidad que supone disponer de producciones con fecha de caducidad desde las frutas a la leche con almacenamientos limitados; la necesidad de hacer caja para afrontar la nueva campaña. En otros casos, esa debilidad viene marcada fundamentalmente por el escaso desarrollo de estructuras y organizaciones propias capaces de jugar con la ley de los mercados con los grandes grupos, donde las Entidades Asociativas Prioritarias del campo siguen siendo una carencia y un reto frente al dominio de cientos de pequeñas y medianas cooperativas.