Las nuevas normas nacionales sobre bienestar animal, más espacio en las granjas de porcino y las que en este momento se están planteando en las instituciones comunitarias, obligarán a las explotaciones ganaderas a elevadas inversiones para mantener los actuales niveles de producción, tanto por el aumento de los costes fijos, como por la necesidad de ampliar las superficies con nuevas granjas. Todo ello choca además con las dificultades para nuevos permisos de instalación.

Obviamente las más afectadas son las explotaciones intensivas. En el porcino, los mayores costes fijos para una cabaña más reducida se estiman en unos 150 millones, a los que se suman otros casi 500 para ampliar las superficies y mantener el número de animales para engorde. En avicultura de puesta, eliminar las jaulas y todo lo que ello conlleva y el nuevo sistema se considera podría suponer unos mil millones de euros, cifra que se sitúa en varios cientos en la avicultura de carne al reducirse el volumen de kilos de pollo para engordar por metro cuadrado.

En medios ganaderos se temen las nuevas exigencias comunitarias por lo que supone además de incremento de costes y la dificultad para su traslado a los consumidores.