Ayudas para reposición de ovinos y caprino en granjas afectadas por viruela

Se han detectado 26 brotes en España

El Gobierno ha aprobado la concesión de ayudas destinadas a la repoblación de las explotaciones de ovino y caprino, tanto de aptitud láctea como cárnica, que hayan sido objeto de un vaciado sanitario como consecuencia de la sospecha o confirmación de la viruela ovina y caprina.

Los beneficiarios de la ayuda se comprometerán a mantener tanto la explotación como los animales durante un período mínimo de dos años, salvo casos de fuerza mayor (por ejemplo por motivos de sanidad animal); la repoblación no se podrá efectuar hasta que haya transcurrido el período mínimo que determine la comunidad autónoma desde el vaciado y las explotaciones beneficiarias no deberán tener la consideración de empresas en crisis antes del vaciado.

Se financiará la compra o el arrendamiento con opción a compra de animales de las especies ovina y caprina para la repoblación de la explotación. El número de animales subvencionable será el mismo de animales sacrificados obligatoriamente y las subvenciones se concederán a las compras o arrendamientos realizados con anterioridad a la presentación de la solicitud.

Las solicitudes podrán presentarse cada año en los plazos establecidos por las comunidades autónomas. La cuantía máxima de la ayuda será la resultante de restar al coste total de adquisición o arrendamiento el importe percibido en concepto de indemnizaciones por sacrificio obligatorio. En todo caso, el importe máximo por explotación será de 500.000 euros.

Para abonar estas ayudas el Gobierno transferirá un máximo de 2 millones de euros a las comunidades autónomas entre los ejercicios 2023 y 2024. De acuerdo con sus datos, hasta el momento se han confirmado 26 brotes de viruela ovina y caprina, 13 en Andalucía y otros 13 en Castilla-La Mancha, que han supuesto el sacrificio de 45.676 animales, la mayoría en esta última región. Las indemnizaciones por sacrificio obligatorio de esos animales han ascendido a 5 millones de euros, pagados al 50% por el estado y por las comunidades afectadas.