A lo largo del año 2022 se impusieron 272 sanciones por incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria, según el último informe de actividad de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios), presentado durante la última reunión de su Consejo Asesor. El 53% de ellas se debió al incumplimiento de los plazos de pago, sobre todo por parte de empresas mayoristas e industrias agroalimentarias. Por sectores, el 40% de las sanciones se dieron en el de frutas y hortalizas y el 20% en el vitivinícola.

El resto de sanciones se aplicó por la no existencia de contratos, por modificaciones no pactadas de los términos de los mismos o por la destrucción de valor en la cadena alimentaria.

De acuerdo con el informe, la AICA llevó a cabo en 2022 un total de 929 inspecciones de oficio, principalmente en los sectores de frutas y hortalizas, cárnico, vino, aceituna de mesa y frutos secos. También se realizaron 23 en el sector de la miel. Por otro lado, el organismo recibió 78 denuncias y comunicaciones por posibles incumplimientos de la Ley, de las que se investigaron 23 que cumplían los requisitos para ello.

En total, desde que empezó a funcionar en 2014, la AICA ha realizado más de 6.700 inspecciones de oficio y ha recibido más de 400 denuncias. Las investigaciones abiertas han dado lugar a la imposición de 3.326 sanciones por un montante de 13,87 millones de euros. La mayor parte de las sanciones han recaído en la distribución comercial minorista (7,7 millones de euros), seguida de los mayoristas (2,35 millones) y la industria alimentaria (2 millones de euros). Las sanciones al sector productor suman 68.268 euros desde 2014.

En la reunión del Consejo Asesor del organismo se presentó por primera vez la actividad de control realizada por las comunidades autónomas, que en 2022, en el ámbito de sus competencias, realizaron 549 inspecciones de oficio y controlaron 2.029 relaciones comerciales.