El uno de marzo Agricultura abrió la ventanilla para que más de 620.000 agricultores y ganaderos considerados como activos presenten sus solicitudes de ayuda única para el cobro de unos 4.800 millones de euros como pagos directos, a los que se suman otros 1.700 vía desarrollo rural correspondiente a la Política Agrícola Común para aplicar desde este año hasta 2027.

Este año, la novedad más importante es el Plan Estratégico aprobado por Bruselas como marco de referencia para aplicar una PAC estabilizada en los recursos, pero con más exigencias verdes y medio ambientales para cobrar los fondos, ligeramente redistributiva y más dirigida a los profesionales, si bien abre la puerta a pequeños productores con cobros por debajo de los 5000 euros, más del 50% de los solicitantes, en muchos casos de agricultora a tiempo parcial importante en algunos territorios. Como en ejercicios anteriores ,se excluyen de las ayudas a las empresas con tierras, pero que no se dediquen a la actividad agraria como campos de deportes, golf o suelos de inmobiliarias.

A efectos prácticos, destacaría que el plazo para la presentación de las solicitudes terminará, por razones de logística administrativa el 31 de mayo y el 15 de junio solo para introducir modificaciones. Esta campaña no habrá prórrogas como ya estaba acostumbrado el sector prácticamente en todos los años pasados.

Entre los puntos más importantes de cara esta nueva PAC, se podían señalar los siguientes :

Beneficiarios

De entrada, para acceder a la ayudas es indispensable que el solicitante sea un agricultor considerado como activo. En otras palabas, según la definición oficial, que esté afiliado a la rama agraria de la Seguridad Social por cuenta propia, que de sus ingresos totales al menos un 25% procedan de la actividad agraria y que el importe de las ayudas directa sea menos o igual 5.000 euros. Ello supone abrir la posibilidad de cobrar los pagos a más de la mitad de los solicitantes, muchos agricultores tiempo parcial cuyos cobros no llegan a los 5.000 euros.

Condicionalidad reforzada

En el marco de una filosofía más verde y redistributiva, la nueva Política Agrícola Común, frente a la situación anterior donde para acceder a las ayudas era necesario simplemente cumplir unas exigencias mínimas en materia de medio ambiente y cambio climático, en este ejercicio ya se impone la denominada condicionalidad reforzada que se concreta en el cumplimiento de una serie de requisitos legales de gestión, pero, sobre todo, con el cumplimiento de una decena de las denominadas prácticas de Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales. Estas prácticas recogen exigencias anteriores, pero incorporan otras como el mantenimiento de pastos permanentes, la protección de humedales, la no quema de rastrojos, salvo autorización, la creación de márgenes o de franja junto a los ríos para evitar contaminación de abonos, una buena gestión del laboreo para evitar la degradación y la pérdida de suelos e impedir las escorrentías, cubiertas mínimas de los suelos, rotaciones de cultivos, no laboreo en pendiente o el mínimo abandono de tierras, medida que hoy no se cumple provisionalmente para frenar los efectos de la invasión de Ucrania.

Los eco esquemas

Una de las novedades más importante es que, de los pagos directos, 1.100 millones de euros se abonarán solamente a las explotaciones que lleven a cabo prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente vía los eco esquemas que se concretan en nueve prácticas como el pastoreo extensivo con siega sostenible, la rotación de cultivos con especies mejorantes para la protección de los suelos, el mantenimiento de la cubierta vegetal, tanto espontánea como sembrada, acciones por la que los agricultores y ganaderos percibirían unas ayudas complementarias desde unos 40 euros por hectárea en una superficie pastoreo extensivo, hasta los 165 euros por hectárea manteniendo una cubierta vegetal en cultivos leñosos en terrenos de elevada pendiente.

Desde Agricultura se insiste en la necesidad de utilizar los suelos de forma más sostenible tratando de aumentar la fertilización de los mismos con abonos orgánicos frente a los abonos inorgánicos, a pesar de ser más costosos, de ir a una mayor rotación de los cultivos para no agotar la tierra y de aumentar los cultivos de leguminosas para mejora de los suelos o unas prácticas de laboreo que reduzcan las escorrentías y la pérdida de tierra fértil que va a parar a los embalses cenegando los mismos.

Topes de pagos

Una modificación a destacar sobre la normativa anterior es la aplicación del capping o fijar un techo en los pagos directos por beneficiario que se establece en 60.000 euros a partir de los cuales se aplican diferentes ajustes, del 25% entre los 60.000 y los 75.000 euros, del 50% en los pagos de entre 75.000 y los 90.000 euros, del 85% entre los 90.000 y los 100.000 euros, si bien son posibles pagos de hasta 200.000 euros computando en los mismos costes de una explotación por el empleo.

Política redistributiva

Los fondos recaudados por ese proceso se destinarían a una política redistributiva que se estiman en unos 500 millones de euros como un complemento a la renta para las primeras hectáreas de pequeñas y medianas explotaciones cuya superficie está por definir y es diferente según tipo de tierra, secanos,o regadíos o tipos de aprovechamiento o cultivo. Ese volumen de fondos se sumaría a los 2.500 millones disponibles como Ayuda Básica a la Renta que sustituye al Pago Básico anterior. Los pagos asociados a diferentes producciones como vacuno, ovino, frutos secos o remolacha se elevan a unos 680 millones

Otra novedad es igualmente la reducción a medio centenar a 20 el número de regiones agronómicas donde se pretende llegar a una mayor convergencia de ayudas. El objetivo es que todos los derechos en una misma región sean el 85% del valor medio en 2026 y que llegue a la convergencia total en 2029.

Como pago a la incorporación de los jóvenes se ha dispuesto el doble de fondos hasta 100 millones para ayudas que serán superiores en un 15% si se incorpora una mujer.

Informar y asesorar

Ante la nueva reforma, Agricultura ha puesto en marcha un programa de información y asesoramiento por un importe de cuatro millones de euros vía cooperativas y organizaciones agrarias para que agricultores y ganaderos estén más informados sobre las exigencias y las posibilidades que ofrece la nueva reforma. En principio, este año no habrá penalizaciones caso de incumplimientos que se vean como involuntarios. El Fega mantiene su sistema de control total monitorizado de la aplicación de la PAC para el 100% de la superficie y un simulador para que cada beneficiario pueda calcular el importe de sus ayudas.

La información y el asesoramiento a pie de campo se mantiene como un reto, una asignatura pendiente, no solo a la hora de aplicar la PAC, sino para el propio desarrollo de la una actividad agraria a futuro.