El gobierno se mantuvo en sus posiciones frente a las demandas de diferentes organizaciones empresariales fundamentalmente de la industria alimentaria que reclamaban la no aplicación del impuesto al plástico desde el pasado uno de enero y su aplazamiento, entre otras razones, desde la simple logística, además de suponer un coste adicional a las mismas de más de 600 millones de euros. En los sectores más afectados no se en tiende que por un lado se rebaje el IVA a una serie de productos alimentarios y por otra parte se apliquen otras exigencias que suponen un encarecimiento del producto final. Desde los productores de frutas y hortalizas se teme que de lugar a un incremento de los precios finales, posición a la que se suman otros sectores como la carne o los aceites.

Desde los fabricantes de plásticos se indica que España se convierte en el único país comunitario con este impuesto y se reclama una armonización en todos los países miembros