El Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros de 2022, el 27 de diciembre, el grueso de las disposiciones que permitirán la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en España, que ha entrado en vigor con el comienzo del año. Se trata de un total de ocho reales decretos que se suman a la ley que regula el sistema de gestión y a los que ya se aprobaron para los sectores de frutas y hortalizas, vino y apicultura.

Seis de los ocho reales decretos regulan cuestiones ligadas a la gestión de las ayudas, en particular el sistema de asignación de derechos de la nueva ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y las normas que regulan los distintos regímenes de ayuda, así como el relativo a la condicionalidad. Los otros dos no afectan a las ayudas directas, aunque tienen que ver con la consecución de los objetivos del plan estratégico de la PAC; son el relativo a la nutrición sostenible de los suelos y el uso sostenible de los productos fitosanitarios..

Todavía faltan tres disposiciones para completar este paquete normativo: los reales decretos sobre penalizaciones, potencial vitícola y bienestar animal. Según el Ministerio de Agricultura no condicionan la entrada en vigor del Plan Estratégico de aplicación de la PAC en nuestro país (PEPAC).

Las disposiciones aprobadas el 27 de diciembre se publicaron en el BOE del 29 de ese mes. Los agricultores y ganaderos cuentan ya con las normas definitivas de cara a la recibir las ayudas de este año. Hasta ahora han tenido que adoptar sus decisiones de siembra con incertidumbre, basándose en textos que eran solo proyectos y en las notas técnicas aclaratorias que ha publicado el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).