La historia se repite. Como sucediera años pasados con motivo de la estrategia para la protección del lobo, Agricultura y Transición han vuelto a poner en evidencia sus diferencias sobre el clima y el medio ambiente en el Plan estratégico de la futura PAC. Un año después de finalizar la elaboración del mismo y tras su aprobación en pasado mes de agosto por la Comisión Europea, el Ministerio de Transición ha hecho pública ahora una resolución sobre evaluación medioambiental que prácticamente es una enmienda a la totalidad del Plan Estratégico para la Política Agrícola Común para el periodo de 2023 a 2027 sobre su contenido en materia de clima y de medio ambiente. En conjunto, desde esa perspectiva, para el Ministerio de Teresa Ribera, en base a un análisis de más de 2.000 folios en cuya elaboración han participado diferentes organizaciones ecologistas, Confederaciones Hidrográficas, y Consejerías de Comunidades Autónomas, se trata de un Plan falto de ambición, un plan de mínimos con acciones, muchas dispersas, confusas y erróneas para una adaptación deficiente al cambio climático, con análisis parciales e incompletos y donde se debe aumentar el compromiso con esos objetivos.

Para Agricultura, se trata de un informe no preceptivo del que toman nota, pero que en ningún caso va a cambiar el contenido del Plan donde ya se incluía una evaluación medioambiental negociado con Comunidades Autónomas y con todos los posibles sectores afectados, incluidos los movimientos ecologistas. Atocha señala que es un Plan donde, además de los aspectos climáticos y medioambientales, se contemplan los intereses económicos y sociales de la actividad agraria buscando un equilibrio entre todos los objetivos, donde los primeros son importantes, pero tampoco pueden poner en riesgo una actividad agraria viable y competitiva.

En esta línea se han manifestado reiteradamente las organizaciones agrarias.

Para la Oficina Española del Cambio Climático, la estrategia de adaptación no queda bien acreditada con actuaciones dispersas entre la condicionalidad, los eco regímenes y otras intervenciones sectoriales sin referencia a los seguros agrarios. Señala la necesidad de considerar el índice de explotación de los recursos hídricos y advierte sobre la existencia de una sobreexplotación y la necesidad de reforzar la adaptación de las explotaciones al cambio climático. Desde los diferentes departamentos de Transición, Biodiversidad, Aire Limpio o Sostenibilidad se reclaman cambios y más controles en aspectos como la reducción de emisiones de gases efecto invernaderos, vertidos de purines o de nitratos, uso de productos fito y zoosanitarios, control de plagas o la sostenibilidad de la fauna.

 Agricultura considera que sobre todos esos aspectos, en lo que compete al departamento, se han aprobado diferentes disposiciones desde la normativa sobre Nutrición Sostenible de los Suelos, Uso sostenible de Antibióticos, Bienestar Animal, etc, hasta la ordenación de las explotaciones ganaderas, con la mirada en el medioambiente.