El año 2022 ha sido un periodo especialmente intenso para el sector agrario. Muy bueno en su conjunto el comportamiento de los precios pagados en origen. Pero, también, con los techos más altos de los últimos años en los precios de los medios de producción que se llevaron por delante los beneficios. Al final, renta a la baja.

En materia de política agraria, ha sido un año clave en cuanto durante el mismo se ha cerrado una larga negociación sobre el Plan Estratégico donde aplicar la Política Agrícola Común en los próximos cinco años. Pero, en lo que afecta a la dinámica de la actividad en el día a día de las explotaciones agrícolas y ganaderas, 2022 ha sido el año de los precios para mal si se considera que, como señalara recientemente el propio Ministerio de Agricultura, la renta en moneda corriente en su cifra global cayó un 5,5% y el 8,7% si se tiene en cuenta la inflación. Si se contempla sin embargo lo que correspondería a cada agricultor activo de ese cantidad total en moneda corriente, el descenso solo sería del 1,2%, unos 32.000 euros, al haber menos a repartir por registrarse un descenso oficial de agricultores de algo más del 4% ante la falta de relevo.

Con la invasión de Ucrania como telón de fondo, los precios han sido los principales protagonistas de la actividad agraria. De una parte, los costes de producción se dispararon para el sector agrario básicamente por los incrementos de los precios de elementos claves como los fertilizantes, la luz, piensos o el gasóleo y de otra parte también subieron los precios de los productos agrarios.

En el caso de las explotaciones ganaderas, los precios de los piensos se incrementaron en una media del 50%, lo que se tradujo en un ajuste obligado de las cabañas intensivas por la falta de rentabilidad. Ello dio lugar a una reducción en los censos lo que se reflejó en un aumento de los precios de los productos en origen, de forma muy importante en la leche pasando de unos precios medios de 0,36 euros a cerrar el años en el entorno de los 0,60 euros litro o el porcino igualmente hasta cifras record.

En lo que afecta a las producciones agrícolas, se registró una reducción de las cosechas especialmente en los cereales con una caída media de casi el 30%, situación que se repitió en otras como las frutas y hortalizas, el vino hasta solo los 36 millones de hectolitros y el olivar este año hasta solo unas 800.000 toneladas, un 40% menos que en la campaña anterior. En todos los casos , las causas principales estuvieron en el clima, la sequía y la falta de agua en los embalses, las lluvias torrenciales en algunas zonas, los pedriscos y en otros casos las bajas temperaturas ya entrada la primavera o el asurado en junio en el cereal. Al igual que en la ganadería, todo ello dio lugar a un fuerte incremento de los precios en origen desde el cereal a las frutas, ingresos que en parte muy importante se los comieron los mayores costes de producción, especialmente de fertilizantes y energía, luz y gasóleo.

En conjunto, una cifra record en el valor de las producciones, unos 63.000 millones de euros, pero también una cifra record en costes hasta superar los 35.000 millones de euros.

Estos fenómenos climatológicos aumentaron la siniestralidad en el campo y en las cuentas de las entidades aseguradoras con unos pagos por indemnizaciones al mes de octubre de 714 millones de euros y que pueden llegar a una cifra record frente a unas primas de 800 millones de euros. Agricultura, dato positivo, aumentó los fondos para subvencionar las primas en 60 millones hasta los 317 millones de euros, otra cifra record.

El año ha sido escenario de las últimas negociaciones para elaborar el Plan Estratégico donde aplicar la Política Agrícola Común 2023-2027 por la que España recibirá anualmente unos 7.700 millones de euros entre pagos directos a la renta por diferentes vías y ayudas por desarrollo rural en una nueva reforma marcada por la política verde con fuertes objetivos medioambientales, política redistributiva y dirigida a los profesionales donde los perceptores de ayudas deberán cumplir obligatoriamente las nuevas normas sobre condicionalidad y se abre la posibilidad de mayores ayuda con el cumplimiento de los eco esquemas.

Con la nueva Ley de la Cadena aprobada en diciembre de 2021 se obliga que los productores perciban unos precios que cubran sus costes, pero ha seguido siendo un reto en cuanto desde diferentes sectores se han seguido denunciando incumplimientos.

 La invasión de Ucrania y sus consecuencias en los mercados dio lugar a una política de ayudas para algunos de los sectores afectados con pagos de 166 millones para el sector de la leche y otros 190 millones para el conjunto de los sectores ganaderos de carne y para los cítricos.

Los precios de la tierra en este contexto económico y con los fondos PAC prácticamente congelados, con datos de 2021, permanecieron estabilizados con solo un incremento del 0,5% a una media de 10.180 euros hectárea que van desde un secarral a 4.000 euros y una tierra de cítricos a más de 40.000 euros con los secanos para cereal a una media en el entorno de los 7.000 euros.

Los presupuestos del Ministerio con un volumen de 8.970 millones tuvieron solo un incremento de solo el 0,4%, corto para una situación de crisis y de cambios necesarios para mejorar su competitividad frente a lo dispuestos para otros departamentos de menos peso económico y donde el grueso sigue llegando de Bruselas.

Para el comercio exterior agroalimentario ha sido un año en positivo con ventas de unos 60.000 millones de euros, un 11% más, y donde ocupan un lugar importante las carnes con el porcino a la cabeza y siempre las frutas y hortalizas

El endeudamiento agrario se mantuvo en los últimos mese entre los 21.000 y los 22.000 millones de euros, al igual que los créditos de dudoso cobro que se hallan estabilizados en unos 1.000 millones, el 5% de los créditos vivos.

Entre otros aspectos, cabe señalar el no despegue como una política prioritaria la de información y asesoramiento a las explotaciones agrarias sobre el terreno, donde tienen las competencias las Comunidades Autónomas. Por otra parte, parece enterrada definitivamente la posibilidad de la puesta en marcha de un sistema para medir la representatividad en el campo a nivel estatal donde aspira a estar como una más la Unión de Uniones que engloba a organizaciones territoriales como Unión de Campesinos en Castilla y León, Unió de Llauradors en la Comunidad Valenciana o la Unión de Pagesos en Cataluña.

El año fue escenario de una gran manifestación en Madrid, unas 500.000 personas, en defensa del sector y del mundo rural que arañó algunas medidas fiscales y ayudas por la invasión de Ucrania.

Y, los regantes comienzan el año con la posibilidad de contratar una doble potencia con las eléctricas, aunque no ven aún muy clara la nueva normativa para su aplicación.