Como se había anunciado, y tras varias semanas de discusiones, los Estados miembros de la UE han adoptado finalmente la decisión en la que reclaman a la Comisión Europea que realice un estudio complementario del análisis de impacto de la propuesta sobre uso sostenible de fitosanitarios que presentó en su momento. El objetivo es que se tengan en cuenta las consecuencias de la guerra en Ucrania sobre la seguridad alimentaria y la competitividad del sector agrario comunitario.

En concreto, los Estados miembros piden que la Comisión presente en un plazo de seis meses datos cuantificados relativos al impacto potencial de la propuesta sobre la producción agraria, el aumento de la dependencia alimentaria, la prohibición en las zonas sensibles o la disponibilidad de alternativas a los productos fitosanitarios.

La decisión podría ralentizar las negociaciones sobre esta propuesta. Alemania se opuso, en vano, a la decisión por considerar que “es crucial que no haya retrasos en el examen de la propuesta”.

Las organizaciones y cooperativas agrarias de la UE (COPA-COGECA) han aplaudido la decisión de los ministros de reclamar un estudio de impacto adicional, que ellas llevan pidiendo desde hace tiempo porque estiman que no se han analizado las consecuencias a largo plazo de las medidas planteadas sobre la seguridad alimentaria en la UE, además de que el análisis inicial se realizó antes de que estallara la guerra en Ucrania y de las crisis en los sectores de la energía, los fertilizantes y los precios de los alimentos. En opinión del COPA-COGECA es “crucial que los rendimientos agrícolas se mantengan estables para obtener suficientes productos de calidad y asequibles”.