Luz verde a unos presupuestos de continuidad para un sector en crisis

Según Atocha, garantizarán un crecimiento sostenible y rentable y el sector los ve cortos para atajar sus problemas.

Los presupuestos del Gobierno para el sector agrario en 2023, según el proyecto de Ley aprobado en el Congreso de los Diputados, despertó y mantiene críticas generalizas en el campo frente al optimismo oficial. Para el ministro de Agricultura, se trata de unas cuentas orientadas a garantizar un crecimiento sostenible y rentable de la actividad agraria en un momento difícil como éste ante el incremento de los precios de las materias primas y de la energía que se están sumando a las condiciones negativas provocadas por la sequía. Para el sector son presupuestos insuficientes para una situación de crisis y prácticamente no hay novedades en lo referido a la política de impuestos o de fiscalidad.

El presupuesto contempla un montante total de 8.970 millones de euros que suponen un incremento de solo casi el 0,4% sobre el año anterior. De ese volumen, solo los fondos comunitarios con ayudas directas de 5.692 millones de euros sumadas a otros 1.596 millones procedentes del Desarrollo Rural, suponen más del 80% de los recursos, a los que se suman en esta ocasión los fondos contenidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con otros 455 millones de euros. No hay nada nuevo en cuanto hace ya décadas que en los presupuestos de Atocha el peso dominante son los fondos comunitarios.

En el conjunto de las partidas y actuaciones contempladas en los mismos, en primer lugar cabe destacar, en positivo, los recursos para subvencionar la política de seguros agrarios desde la Administración central que se elevarán en 2023 a 317,7 millones de euros frente a los 257 del ejercicio anterior y frenar el incremento de las primas que han sufrido en los últimos años agricultores y ganaderos.

Junto al seguro agrario, capítulo importante es igualmente el referido a los fondos para la mejora y modernización de los regadíos donde se destacan los 563 millones de inversión fundamentalmente procedentes del Plan de Recuperación comunitario.

Para la mejora de la competitividad y la sostenibilidad de la explotaciones se cuenta igualmente con una partida de unos 430 millones procedentes del Plan de Recuperación que sumados a los 591 millones contenidos en el Presupuesto, llegan a una cifra superior a los mil millones de euros. En esa misma línea se halla el destino de140 millones para impulsar la agricultura de precisión, lograr una mayor eficiencia energética y aumentar en uso de energías renovables, más fondos para la mejora de los laboratorios de Agricultura en materia de sanidad animal y vegetal o para la calidad de los alimentos.

Hay una política de continuidad en los fondos para la modernización de la maquinaria agrícola y la mejora de la tecnología con fondos por un volumen total de 9,6 millones de euros y donde se mantienen los siete millones para la aplicación del Plan Renove de triste memoria en el último ejercicio en cuanto las peticiones por orden de llegada acabaron en horas con los fondos existentes. Nada nuevo se ha hecho de cara al próximo ejercicio para responder a la demanda de ayudas para la renovación de la maquinaria en el campo, lo que supondría a la vez estar apoyando un ahorro de energía y menos contaminación en pro del medio ambiente.

No hay novedades en la propuesta de presupuesto en materia de fiscalidad y las políticas impositivas ligadas a la crisis provocada por los precios elevados de las materias primas. Desde el sector agrario se reclaman medidas para rebajar los efectos sobre las explotaciones de la subida de los costes de producción que, en muchos casos no pueden repercutir en los precios de venta por la ineficacia de la ley de la Cadena.

Al margen de los presupuestos, se halla una iniciativa de orden de Hacienda para, a efectos del IRPF, aplicar rebajas del 35% por la compra de gasóleo y del 15% en los fertilizantes.

Se echa en falta una mayor apuesta por las acciones de asesoramiento y formación a través de las OPAS desde la Administración central, aspectos que antaño se cubrían con las Agencias de Extensión Agraria hoy en manos de cada Comunidad Autónoma y factores claves para el desarrollo de toda política agraria y más en estos tiempos de cambio con una nueva reforma de la PAC.