El conjunto de la industria alimentaria comparte con el Gobierno la necesidad de una política de sostenibilidad, pero rechaza que la misma se deba aplicar en este momento de crisis y, sobre todo, en los términos planteados por la Administración. Para la patronal FIAB, actualmente el gobierno no debe aplicar unas disposiciones regulatorias o fiscales que resten competitividad al sector en base a disposiciones como los impuestos a los plásticos de un solo uso y en lo que afecta a los residuos y suelos contaminados. Para la patronal, esas medidas afectarían negativamente a 2.400 empresas y a más de 25.000 trabajadores y se entiende que las mismas van más allá de las exigencias comunitarias

El impuesto al plástico se estima puede supone unos 600 millones de euros, otros 1.500 millones por las normas sobre Responsabilidad Ampliada al Productor y 5.000 millones por los efectos de las normas sobre envases y suelos contaminados.