El sector español de frutas y hortalizas, 1,3 millones de hectáreas, una producción de 27 millones de toneladas, exportaciones de más de 13 millones por valor de más de 15.000 millones y empleo de unos 400.000 trabajadores, es una referencia en el mundo por volumen, calidad, diversidad de producciones y calendario oferta. Sin embargo, por detrás de ese potencial, el sector se enfrenta a importantes amenazas que comprometen su futuro consecuencia de importaciones masivas desde terceros países e incluso desde otros comunitarios, barreras ficticias fitosanitarios para exportar a terceros, una caída de la demanda interior y normas comunitarias para producir menos a costes más elevados. Ello señalan en el sector, supone la necesidad de inversiones para lograr una mayor competitividad, pero a la vez señalan  la necesidad de más acuerdos para exportar, más mecanismos en frontera para evitar importaciones masivas y menos normas comunitarias en materia de fertilizantes o fitosanitarios que frenen y encarezcan la producción interior.

La exportación constituye la principal salida para el mantenimiento de la actividad en el sector y sus posibilidades de crecimiento. Sin embargo, en los últimos años se halla prácticamente estabilizada desde los 12,8 millones de toneladas de 2015 a los 13,4 millones de 2021, de los que casi el 90% de las ventas corresponden a otros países comunitarios, con un valor total que ha pasado desde 12.500 a 15.700 millones de euros.

Desde la Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas, su director José María Pozancos considera indispensable una política que potencie la firma de nuevos acuerdos con terceros países donde el sector agroalimentario no sea moneda de cambio para la entrada en la UE de productos de otros sectores y, sobre todo que diferentes países con importantes posibilidades de compra, no tengan vía libre para aplicaren en frontera falsas exigencias fitosanitarias para acceder a sus mercados bloqueando importaciones o simplemente con otros mecanismos como la lentitud en las tramitaciones en aduana que ponen en peligro la calidad de los cargamentos e invitan a no intentar entrar en ese país. En esa dirección, se considera se podrían ampliar ventas en varios países asiáticos como China Japón o Corea, otros como Canadá y fundamentalmente Estados Unidos.

En importaciones, desde el sector se lamenta firma de acuerdos que suponen prácticamente la apertura de una autopista en frontera para la entrada con rebajas de aranceles y elevados volúmenes de entrada, la no aplicación de cláusulas de salvaguarda para proteger a las explotaciones comunitarias y o la llamada cláusula espejo, ahora de moda, por la que los productos importados deberían cumplir las mismas exigencias en materia de producción, fitosanitarias, de calidad, laborales… que las exigidas a los agricultores comunitarios. En España, desde 2015, se pasó de importar 2,6 a 3,6 millones de toneladas. La UE en su conjunto ha pasado de importar 13,8 millones de toneladas en 2015 a 14,8 millones de toneladas en 2021.Los países del norte de África, especialmente Marruecos, desde los tomates a la alubia verde, se consolidan como los proveedores más importantes. A toda la UE, Marruecos ha pasado de vender un millón de toneladas en 2015 a 1,4 millones en 2021. Turquía pasó en el mismo periodo de 775.000 a un millón de toneladas.

En relación la demanda interna en España, los datos manejados señalan una caída del consumo en fresco en los últimos años bajando de unos 186 kilos por persona y año a solo poco más 150 kilos, pasando de 8,6 a 7,8 millones de toneladas. La pandemia supuso un fuerte crecimiento de la demanda de frutas y hortalizas, para caer en picado en 2021, línea que se mantiene en la actualidad con los precios elevados como protagonistas.

Para el sector, desde la Federación de Productores, se considera además indispensable que Bruselas no abuse de normativas que van en contra de los agricultores, incrementando los costes y reduciendo las posibilidades de producción con estrategias como “De la Granja a la Mesa” limitando el empleo de abonos y de productos fitosanitarios que aumentarán la dependencia externa de los consumidores comunitarios y la destrucción de las explotaciones en los países miembros.