A lo largo de las últimas semanas se han multiplicado las protestas y denuncias de las organizaciones agrarias, en diversas comunidades autónomas, por la prohibición de quemar los residuos vegetales generados por la actividad agraria.

Dicha prohibición está recogida en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que se publicó el pasado mes de abril en el BOE y que solo permite las quemas en casos muy concretos, por ejemplo por motivos fitosanitarios.

Llega el momento de las podas de ciertos cultivos leñosos y de retirada del campo de restos de cosecha y los agricultores se ven obligados a destruir esos materiales o a trasladarlos a plantas para su procesamiento, lo que también supone nuevos costes.

La organización Unión de Uniones, que ha celebrado una serie de encuentros con los grupos parlamentarios, trata de impulsar en el Congreso la derogación de la prohibición de las quemas. Según ella, la medida afecta a los titulares de unos 12 millones de hectáreas de superficie arable y a casi 5 millones de hectáreas de cultivos permanentes y leñosos.

Las organizaciones denuncian, además, que la Ley española va más allá de lo que establece la normativa comunitaria sobre residuos.

La COAG ha pedido una  moratoria de dos años para la aplicación de la nueva normativa, ante la confusión generada. Subraya que, además de encarecer y complicar la gestión tradicional de las explotaciones, puede suponer una mayor proliferación de enfermedades y plagas en el campo y probablemente, acarreará la necesidad de un mayor uso de productos fitosanitarios. Por otro lado, el incremento de costes que implica triturar la poda (1.500 euros/hectárea) no es asumible para el sector, especialmente con grandes volúmenes (árboles arrancados).

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado que se trabaja en una posible modificación legal de esa disposición con el fin de ofrecer una solución a los agricultores.