La industria alimentaria, a través de la FIAB, ha denunciado la amenaza que supone para la actividad y la competitividad del sector la implantación de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados que va más allá de las exigencias comunitarias. Según sus estudios, la aplicación de la misma supondrá unos costes adicionales de unos 2.000 millones de euros donde el impuesto a los envases de plástico no reutilizables supondría unos 690 millones de euros, más otros 1.150 por el incremento de coste que supone la Responsabilidad Ampliada del Productor.

Desde la industria se advierte además que si no hay modificaciones en el Real Decreto sobre envases y residuos, más de 2.000 empresas se podrían ver obligadas a cerrar.