La Ley de la Cadena Alimentaria aprobada en 2014, reformada y mejorada en los años precedentes hasta su última modificación el pasado año, constituye, al menos sobre el papel, una normativa importante, tanto para el sostenimiento de la renta de las explotaciones agrícolas y ganaderas, como para establecer unas reglas de juego de cara a lo que tienen que pagar los consumidores finales de los productos agrarios y agroalimentarios. Hay, al menos, dos razones. La primera, por la exigencia de que los precios a pagar en el campo por la industria, los operadores o la distribución, cubran los costes de producción. La segunda, por su exigencia de que a lo largo de toda la cadena, se vayan incorporando los costes en cada eslabón con la prohibición de no vender un producto a pérdidas, lo que iría en detrimento de la imagen del mismo.

Sin embargo se trata de una política hoy bajo debate en el sector en aras de lograr un mayor cumplimiento de sus objetivos. En esta dirección, aunque todas las organizaciones agrarias reconocen la implantación de la Ley como un instrumento para garantizar rentas, a la vez reclaman un mayor desarrollo sobre el terreno de la misma para evitar que, en muchos casos, se quede solamente sobre el papel. En esta línea, desde el sector se pide a la Agencia un reforzamiento de la inspecciones sobre los contratos, la elaboración por parte de la Administración central y de las Comunidades Autónomas más índices sobre los costes de producción en cada cultivo o tipo de explotación, a la vez que tampoco falta la auto crítica señalando a los agricultores y ganaderos la necesidad de plantear denuncias en cuanto las mismas están sujetas al anonimato.

En contra de esta posición del sector agrario, desde la Administración se entiende que le Ley está atando en corto a la industria, a los operadores y a la distribución. Según los datos emitidos por la Agencia de Información y Control Alimentario, en el primer semestre de este año, la entidad realizó un total de 354 inspecciones, pero solamente nueve correspondieron a denuncias y el 45% de unas sanciones de 13,6 millones fueron por incumplimiento de los plazos de pago.

Para el pago de los costes de producción, un elemento fundamental lo constituyen los índices que deben elaborar el Observatorio de la Cadena del Ministerio de Agricultura para cada producto y tipo de cultivo o de explotación, trabajo que deberían haber realizado igualmente las Comunidades Autónomas. Sin embargo, esos trabajos que deberían servir al menos como punto de referencia ante la imposibilidad de hacer un precio de coste para cada explotación, se han realizado con retraso y desde el sector se denuncia que, en algunos casos, los mismos no existen debidamente actualizados con la crisis..

En el mismo territorio donde opera la Ley de la Cadena, otra acción importante se debería haber concretado en un seguimiento en la misma de un producto a través de los diferentes eslabones para poder tratar de analizar el por qué de fuertes subidas en algunos tramos de ese recorrido. En el caso de algunos productos frescos como frutas y hortalizas, no se han dado nunca explicaciones sobre la multiplicación de los precios por siete en ese proceso donde agricultores y consumidores son los grandes perjudicados en estos momentos de crisis.

  Frente a los grandes desequilibrios de poder que existen a la hora de negociar los precios de venta y que los mismos cubran los costes de producción, sector y las Administraciones coinciden en la necesidad de avanzar más deprisa en la constitución de entidades de agricultores y ganaderos, grupos de productores con capacidad para negociar con los grandes grupos de la industria o de la distribución. Sin embargo, lo que en el papel sería la ejecución de un proceso de integración, por ejemplo de cooperativas para tener más fuerza, en muchos casos resulta imposible ante otras políticas comunitarias de acuerdos y de ofertas de productos alternativos de terceros países en condiciones ventajosas para industria o distribución contra las que no puede competir la producción nacional por mucho que se una,. En esta línea se hallan las puertas abiertas a las hortalizas de Marruecos, a los cítricos de Brasil, Sudáfrica o Israel o para los corderos desde Nueva Zelanda. En este caso supone marginar aún más a un sector, y en paralelo, a una actividad de las “ovejas bomberas”, frente a los incendios contra el que el Ministerio de Transición echó al lobo encima….En la Sierra de la Culebra, el lobo echó a los ganaderos y ahora, ni lobos ni ovejas.