Más de 8.000 ganaderos de vacuno de leche han suscrito hasta el uno de abril la renovación de sus contratos para el suministro de leche con las industrias del sector donde el grupo francés Lactalis tiene una fuerte posición en con más del 20% de las compras El resto de los ganaderos, hasta los menos de 12.000 que permanecen en la actualidad son socios de diferentes grupos cooperativos como Feiraco, Iparlat, Covap o Central Lechera Asturiana, no tienen contrato y sus ingresos están a resultas del balance de las sociedades. Según los datos manejados por el sector productor los nuevos contratos registraron se sitúan en una media de entre 0,40 y 0, 41 euros litro, lo que supone un incremento de entre cinco y seis céntimos sobre el año anterior. La normativa actual contempla la posibilidad de la firma de contratos por un año de duración, si bien, los ganaderos pueden solicitar unos plazos inferiores, con unos precios fijos o ligados a diferentes parámetros con posibilidad de su revisión en función de la evolución de los costes de producción.

Desde la organización de productores de leche OPRACOL, su presidente Francisco Fernández estima que precios por debajo de 0,44 euros están suponiendo a los ganaderos trabajar a pérdidas, lo que ya ha provocado el envío al matadero de las vacas con menos producción que en otros momentos serían rentables, con el fin de tener una liquidez para seguir alimentando al resto. En su opinión, la reducción de animales sería más amplia a partir del 30 de abril en cuanto la ayuda comunitaria obliga a tener los animales en la explotación en los primeros cuatro meses del año.

A efectos de los ingresos de los ganaderos de leche en una situación de crisis como la actual, a esas subidas de los precios derivadas de los mercados, se suman las ayudas directas aprobadas por el gobierno de 124 millones para el sector de la leche de vaca a razón de 210 euros para cada uno los primeros 40 animales por beneficiario, de 145 euros por cabeza desde los 41 a los 180 y de 80 euros por animal cuando se superen las 180 vacas. En el caso de ovino, la ayuda es de 15 euros por animal con un fondo de 32,3 millones y de 10 euros en caprino con un fondo de 12,7 millones. Esta ayuda directa se ha valorado en el sector como una medida importante para tapar los agujeros que ha provocado la crisis, aunque se estima que la salida a futuro pasa por vender cubriendo los costes de producción, algo que no se puede lograr si no hay un mayor control sobre los contratos aplicando la Ley de la Cadena y, sobre todo, por las diferencias de poder entre el ganadero y el comprador, tratándose además para un producto perecedero.

Las negociaciones de los últimos años de cara la firma de los contratos estuvieron marcadas por un exceso de oferta global y con ello la posibilidad de importar materia prima más barata desde otros países comunitarios, precios bajos y los pactos tácitos entre las industrias para que los ganaderos no se cambiaran de empresa de recogida. En la actualidad, por el contrario, la demanda mundial supera la oferta por las mayores compras en los países asiáticos con una fuerte subida generaliza de los precios en todos los países comunitarios, incrementos que finalmente se están registrando en el sector español. Ello ha dado lugar a que las empresas necesitadas de leche que antes importaban materia prima excedentaria de otros países miembros a precios más baratos, hayan dejado a un lado posibles pactos para sus políticas de compras y además traten de “robarse” ganaderos con una mejora de los precios de compra para asegurarse sus necesidades.de aprovisionamiento.

España, aunque la cabaña se ha reducido en los últimos años de más de 900.000 a 830.000, vacas con el cierre anual de entre 700 y 800 explotaciones hasta las menos de las 12.000 actuales, por la mejora de estructuras, explotaciones más grandes y por los avances de la genética, desde 2016 se ha pasado de una producción de 6,8 a más de 7,5 millones de toneladas, cifra lejos aún de una demanda en leche fresca y productos derivados de más de nueve millones de toneladas. La actual crisis de costes y cierres suponen una amenaza para aumentar la posición deficitaria del sector desde donde se reclama una aplicación efectiva de la ley de la Cadena y que Agricultura actualice cada mes los índices de costes para su aplicación.