Tal y como figura en el proyecto que regula la futura ayuda a la renta para la sostenibilidad, que entrará en vigor el 1 de enero, se mantendrá un modelo de regionalización para la aplicación de este régimen de pagos, aunque el número de regiones se reduce a 20 (frente a las 50 actuales), establecidas en base a la orientación productiva de las hectáreas declaradas y determinadas en la campaña 2020 y al potencial productivo medio de cada comarca agraria.

Esas 20 regiones se dividen en: tierras de cultivo de secano (regiones 1 a 5); tierras de cultivo de regadío (regiones 6 a 10); cultivos permanentes (regiones 11 a 14); pastos permanentes (regiones 15 a 19); y Baleares (región 20). El proyecto de Real Decreto recoge a qué región corresponde cada comarca agraria.

El importe global disponible para la ayuda básica a la renta en 2023 se distribuirá entre esas regiones manteniendo el importe global de ayuda que tuvo en el período anterior. Al desaparecer la ayuda asociada a las oleaginosas se compensa a las regiones 1 a la 4 de tierras de cultivo de secano con un importe de 45,15 millones de euros.

El proyecto incluye también los valores medios de la ayuda básica a la renta de cada región para el período 2023-2027.

Por otro lado, se seguirá avanzando en el proceso de convergencia interna. De acuerdo con el proyecto, ningún derecho de pago básico en 2023 tendrá un valor unitario inferior al 76% del valor medio regional de 2026. Ese umbral aumentará progresivamente de forma que en 2026 ningún derecho tendrá un valor unitario inferior al 85% del valor medio regional. El incremento del valor de los derechos que estén por debajo de la media regional saldrá del recorte de los que estén por encima de esa media. 

En 2027 continuará el proceso (ese año el valor de ningún derecho deberá estar por debajo del 90% de la media) con vistas a la convergencia plena en el valor medio regional en 2029.