El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que inicia ahora su tramitación parlamentaria.

El texto recoge obligaciones para todos los eslabones de la cadena, desde la cosecha hasta el consumo. Entre otras cosas, todos los agentes de la cadena alimentaria deberán disponer de un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio. Tendrán que hacer un examen de sus procesos productivos para identificar dónde se producen esas pérdidas y fijar medidas para minimizarlas y destinarlas a otros usos. Se considerará falta grave no contar con ese plan de prevención, con sanciones que pueden oscilar entre los 2.000 y los 60.000 euros.

Para esos otros usos de los alimentos que no se comercializan se establece una jerarquía de prioridades. La prioridad máxima será siempre el consumo humano, a través de la donación o redistribución de alimentos a instituciones sociales. Le sigue la transformación en otros productos, como zumos o mermeladas, la alimentación animal, y la obtención de compost o biocombustibles.

Hay que subrayar que quedan fuera del ámbito de aplicación de la ley las retiradas de frutas y hortalizas por parte de las organizaciones de productores en el marco de la PAC, dado que la normativa que las regula ya prevé una jerarquía de usos similar.