El gobierno catalán elabora una nueva normativa con el fin de proteger la sanidad y seguridad de las explotaciones de porcino por la que se impondrán elevadas sanciones que van desde los 600 a los 3.000 y hasta los 60.000 euros a las personas que entren sin la debida autorización en las granjas de porcino según las infracciones sean consideradas leves,   graves o muy graves. Esta normativa estaría pensada fundamentalmente para evitar el acceso de determinados grupos animalistas que en los últimos tiempos llevaron acciones de protesta contra las explotaciones intensivas de porcino con sueltas de animales.

Cataluña cuenta con un censo de ocho millones de cerdos, solo por detrás de Aragón, y es la la primera en animales sacrificados con 23 millones.