Las movilizaciones de los agricultores en casi toda la UE están constituyendo una llamada de atención a la Comisión por la deriva que está teniendo la Política Agrícola Común, actualmente lejos de los objetivos para los que fue creada en los años sesenta que se concretaban en un incremento de la productividad para garantizar un abastecimiento suficiente y seguro a precios razonables, rentabilidad de la actividad, estabilidad en los mercados y con todo ello, la sostenibilidad del territorio rural.

Hoy, desde el sector agrario se entiende que la PAC no  está cumpliendo esos objeticos con riesgos para el futuro de las explotaciones de agricultores y ganaderos y con ello, para los propios intereses de los consumidores a la hora de la oferta alimentaria. Esta corriente de las protestas, más allá de los problemas de un país miembro frente a la Comisión, según las organizaciones agrarias, respondería, entre otros, a los siguientes puntos:

--- Presupuestos. El sector agrario demanda unos presupuestos para la PAC superiores, si se tiene en cuenta que los fijados en el periodo anterior superaban los 400.000 millones frente a los 385.000 de este periodo, desajuste ampliado por la inflación en fondos reales. Bruselas no puede pedir más por menos fondos

---Mecanismos de Mercados. Frente al funcionamiento del pasado, se han ido desmantelando progresivamente los mismos para la regulación de los mercados y no se han articulad otros con la eficiencia suficiente como las organizaciones de productores, mecanismos de gestión de crisis etc, para apoyar la rentabilidad de las explotaciones

---Burocracia. Para cumplir con la PAC hace falta un cursillo permanente y que cada agricultor tenga una gestoría. La PAC se ha instalado en la burocracia, abuso de normas y exigencias de seguimiento y control, Cuaderno Digital de Explotación, suelos sostenibles, plazos, técnicas de laboreo, manejo de animales y uso de medios de producción, como si detrás de cada peticionario de ayuda hubiera un posible defraudador y que lleva a que cada explotación sea como una gestoría. En la PAC falta simplificación.

--Comercio exterior. El sector acusa a la Comisión de haber abierto un sendero para apoyar la exportación agroalimentaria con apoyos insuficientes para abrir mercados y evitar excedentes, mientras tiene a disposición de terceros países autopistas de entrada en la mayor parte de los casos sin limitaciones en volumen, con reducción de los precios de acceso, sin que, sobre todo, se exija a esas entradas las mismas condiciones de producción y de transformación que a las producidas en el marco comunitario, sobre todo en lo que afecta al uso de productos fito y zoosanitarios, del cumplimiento de las prácticas respetuosas con el medio ambiente, bienestar animal o de las propias normas exigidas por la Organización Internacional del Trabajo para los asalariados. España ha encabezado en los últimos años la exigencia de la llamada cláusula espejo por la que los productos importados deberían cumplir las mismas exigencias que a las que están obligados los agricultores comunitarios.

--Política verde. En unos mercados globalizados, el sector rechaza y pide un mayor equilibrio en las fuertes exigencias para la reducción en el uso de los fertilizantes en un 20% y del 50% en el empleo de productos fito y zoosanitarios por sus efectos sobre la reducción de rendimientos y con ello la dificultad para competir con el exterior.

---Bienestar animal. Una gran parte del sector ganadero intensivo, porcino o avicultura en especial, se enfrenta al cumplimiento de las nuevas normas sobre el bienestar animal por lo que suponen de exigencias para aumentar la superficie en granja por unidad y con ello la necesidad de más inversiones para una producción similar, lo que supone pérdida de rentabilidad y abocar a miles de explotaciones al cierre.

---Medidas ambiente-condicionalidad reforzada. Son la exigencias que despiertan los mayores temores al tratarse de un conjunto de prácticas que debe llevar a cabo cualquier agricultor para cobrar las ayudas entre las que se hallan la rotación de los cultivo, la obligación de dejar los pastos permanentes, la no quema de rastrojos, dejar los márgenes suficientes junto a los ríos para evitar vertidos, la prohibición de no labrar en pendiente, las superficies de abandono obligatorio del 4%, la protección de los humedales o la no destrucción de elementos del paisaje como los setos.

Desde el sector se pide una mayor flexibilidad, que las exigencias medioambientales contemplen un mayor equilibrio y que se tenga en cuenta también la rentabilidad de las explotaciones. Sostenibilidad medioambiental sí, pero también sostenibilidad económica porque, si ésta no existe, habrá abandono sin sostenibilidad medioambiental.

En estas prácticas de condicionalidad reforzada no se hallan los llamados eco-regímenes o exigencias medioambientales de carácter voluntario por las que los agricultores pueden percibir unas ayudas complementarias y que globalmente se elevan a más de 1.000 millones de euros en España.

-----Costes al alza. Consecuencia de todo ello, fundamentalmente limitaciones por razones medioambientales, a las que se suman los fuertes incrementos de los costes de producción en el desarrollo de la actividad como energía, semillas, fertilizantes, maquinaria, servicios, etc. los agricultores denuncian la pérdida de rentabilidad y de competitividad frente a las importaciones masivas más baratas desde terceros países. El sector reclama la necesidad de que se aplique de verdad la Ley de la Cadena por la que se obliga a pagar unos precios en origen que al menos cubran los costes de producción y donde es fundamental que ello lo cumpla fundamentalmente la gran distribución como final de la cadena, problema que no solo afecta España.

-----Abandono del territorio. El efecto directo de toda esta política se traduciría en un mayor abandono del territorio rural ya bastante castigado por la escasa incorporación de los jóvenes a la actividad por falta rentabilidad. Entre 2022 y 2023 se ha producido una reducción en el número de pagos complementarios a los jóvenes agricultores que bajaron un 5% hasta 22.700 perceptores, caída donde, a esa baja rentabilidad también se une el volumen de servicios, el aumento de la burocracia, papeleos y los mayores controles como si detrás de cada solicitante de ayuda hubiera un defraudador en potencia.

----Cierre de la explotación familiar. El final de este proceso se teme sería en los cierres progresivos de las pequeñas y medianas explotaciones dando paso al desembarco el campo de grandes corporaciones agroalimentarias que tendrían en su mano la producción frente a los planteamientos originales de la PAC, tendencia denunciada permanentemente desde las organizaciones agrarias que afectaría negativamente a las explotaciones familiares.