Las próximas elecciones en el marco comunitario, donde se prevé un mayor debate en la política agraria por el avance de las posiciones medioambientalistas, han marcado en los últimos seis meses la política agraria bajo la presidencia española. En un momento de inestabilidad en los mercados mundiales por la invasión de Ucrania, Agricultura se planteó como un objetivo prioritario trabajar por la autonomía, el autoabastecimiento y la seguridad alimentaria de la UE y reducir al máximo dependencias con medidas que limitaran sus producciones. Para lograr esos objetivos, España puso en marcha una estrategia enfocada a lograr un equilibrio entre la sostenibilidad de la actividad económica de las explotaciones agrícolas y ganaderas y del mantenimiento del medio ambiente y la calidad de los suelos, en el marco de la nueva Política Agrícola Común.

Durante la presidencia, dos acuerdos concretos en materia de calidad y transparencia alimentaria: Comisión, Consejo y Parlamento dieron luz verde a una nueva regulación sobre las Indicaciones Geográficas para proteger la oferta de productos de calidad diferenciada de cara a defender a los consumidores y también para mejorar la rentabilidad de los productores. En el seno comunitario existen 3.626 indicaciones de calidad entre Denominaciones de Origen Protegidas, Indicaciones Geográficas Protegidas y Especialidades Tradicionales Protegidas con una facturación de unos 80.000 millones de euros. España es el tercer país en este tipo de políticas con 372, tras Francia e Italia, con un valor en origen de casi 7.000 millones de los que más de 4.000 corresponden a los vinos.

Igualmente se logró un primer acuerdo sobre un nuevo etiquetado para la miel de cara a lograr una mayor transparencia con la obligación de que figure en los envases el país de origen y porcentajes, en aras de los intereses de los consumidores y de muchos productores para evitar los fraudes.

Además de estas dos cuestiones, durante la presidencia española se han dado avances en aspectos de mayor calado relacionados con la política de autoabastecimiento y la seguridad alimentaria que deberá cerrar la presidencia belga. En esa línea se halla el debate sobre las Nuevas Técnicas Genómicas, impulso y defensa del I+d sin transgénicos, para tratar de asegurar en el futuro las posibilidades de producir más con nueva variedades resistentes a problemas como plagas o sequías. Córdoba fue el escenario de los debates. Cabe destacar la tarea de contención llevada a cabo por la presidencia española para aplazar las exigencias de la “Estrategia de la Granja a la mesa” para reducir el uso de productos zoosanitarios en un 50% y del 20% en los fertilizantes en 2030. En la misma línea se halla la postura de la Administración española para aplazar las exigencias comunitarias y de otros países a la espera de nuevos informes, sobre la reducción de espacios en la cría de los animales en las granjas, lo que se traduciría en menos producciones, más costes, mayor dependencia exterior y necesidad de ampliar las explotaciones para producir lo mismo.

Sí habrá cambios es en la normativa sobre bienestar animal en el transporte con reducción de los tiempos, aumento de los descansos, más espacio para cada animal y más control de temperaturas, medida que afecta cada año a 1.600 millones de animales en toda la Unión Europea En la presidencia se inició el debate sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza.

En lo que afecta a los mercados, queda pendiente el debate y una respuesta sobre los problemas derivados para los productores comunitarios de las importaciones desde terceros países en condiciones de precios, volumen y de otras exigencias de calidad y fitosanitaria mucho menores que las obligatorias en los países de la UE, lo que acarrea una pérdida de competitividad y, a la postre, una pérdida de explotaciones. Era la llamada cláusula espejo que ha quedado aparcada. Para España, el principal problema está en las frutas y hortalizas desde terceros países y, especialmente de Marruecos