La siniestralidad en el sector agrario, según los datos manejados por las entidades aseguradoras ascenderá este año a casi 1.300 millones de euros, lo que supone un incremento del 61% frente a los 806 millones del ejercicio anterior y los 747 millones de 2021.Este comportamiento de la siniestralidad se achaca desde la patronal aseguradora va los efectos del cambio climático que se concretarían en una mayor frecuencia de los periodos de sequía y el desarrollo de fenómenos como inundaciones, heladas o pedriscos más violentos

En este contexto, en medios agrarios preocupan fundamentalmente dos cuestiones que pueden afectar seriamente al futuro de al actividad aseguradora

En primer lugar el recorte de fondos aportados por Agricultura para subvencionar las primas al pasar de 317 a 284 millones de euros y que se traducirá en un recorte de las subvenciones en una media de 10 puntos

En segundo término se halla la posición de las aseguradoras de subir el importe de las primas en una media del 14%, que llegan al 25% en los cereales y hasta más del 100% en otras líneas. Las entidades señalan mantener las primas a los agricultores con baja siniestralidad y se recargarían fundamentalmente la de los agricultores que individualmente tengan una siniestralidad muy reiterada o para las zonas territorios donde haya una alta siniestralidad.

 A esas subidas diferenciadas de primas se suma el mantenimiento de la franquicia del 30% sobre los daños de un siniestro o la reducción de hasta un 50% del volumen de cosecha a asegurar frente a los datos de producción fijados en el pasado para una parcela. Con todo ello, limitación de producción a asegurar y la franquicia, desde el sector se entiende que no quedaría producción para cubrir ante un riesgo

 Ante este nuevo escenario de más primas y menos coberturas, muchos agricultores podrían optar por no asegurar y dejar superficies abandonadas con la consiguiente reducción de las producciones.

En este contexto, desde Coag, el responsable del sector Pedro García apuesta por la necesidad de llegar a un pacto de Estado, donde por su interés social, a las responsabilidades y a las competencias de Agricultura se sumen los compromisos de otros departamentos como Economía para tratar de salvar el seguro agrario desde posiciones de equilibrio y de responsabilidad. Más fondos públicos para lograr una contratación económicamente viable y atractiva, un fondo para cubrir las indemnizaciones extraordinarias fuera del seguro habitual y otro fondo extraordinario creado por España y la UE para responder a los riesgos del cambio climático y sus efectos sobre la soberanía alimentaria

Con unas 400.000 pólizas sobre más de seis millones de hectáreas sobre una superficie agraria útil de 23 millones de hectáreas de las que 17 corresponden a tierras de cultivo, con un capital asegurado de más de 16.000 millones de euros, el seguro agrario lo ha sido casi todo en las cuatro últimas décadas en materia de política agraria.